La Generalitat gastará en su Hacienda ilegal 50 millones
Los presupuestos de la Generalitat para este año consolidan
las dos primeras estructuras de Estado que ha puesto en marcha el
Gobierno de Carles Puigdemont: el Departamento de Relaciones Exteriores y
la Agencia Tributaria Catalana, a las que dota con 50 millones de euros
cada una.
El despliegue de la administración tributaria
es la preparación para la plena asunción de los procedimientos de
recaudación ejecutiva con vistas a la gestión total de todos los tributos,
objetivo para el cual se han presupuestado 48,5 millones. A éstos caben
sumar los 50,9 millones para política exterior, en la que, como ya
anunció su responsable, Raül Romeva, se quiere reforzar la actividad de las embajadas catalanas,
pese a que el Tribunal Constitucional suspendió en febrero pasado las
competencias que el Gobierno catalán atribuyó a su departamento de
Exteriores.
Las cifras y las declaraciones del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, sentenciaron que las cuentas presentadas ayer tienen "sentido de Estado",
porque el mandato del Ejecutivo de Junts pel Sí es llevar a Cataluña
"hasta la independencia" y hacerlo "tan bien y deprisa" como sea
posible. No obstante, durante su presentación en el Parlamento defendió
los recursos destinados a la Hacienda catalana por el impulso que se
dará al control del fraude fiscal y la mejora de los servicios al
contribuyente y, en materia de Exteriores, por la inclusión de los
programas de cooperación al desarrollo, aunque esta partida es
únicamente de unos 13 millones.
El departamento de Exteriores
mantiene 2,6 millones para Diplocat, el consejo de la diplomacia pública
catalana, y los 1,7 millones para actuaciones de difusión del Memorial
Democrático, entre otros gastos.
Junqueras insistió en la apuesta de carácter social de los presupuestos, que define como "los mejores de la historia",
con un incremento de 874,3 millones de euros de gasto social -sobre
1.113,4 millones globales- por parte de los diferentes departamentos y
con mejoras sustanciales al plan de choque para atender a la emergencia
social, que sumaba 285,3 millones. Todo ello en un intento de que ese cariz social allane el imprescindible apoyo de la CUP a las cuentas,
que sigue sin estar confirmado y que se ha alejado aún más con los
disturbios en Barcelona por el desalojo de un inmueble okupado, que se
reprodujeron anoche.
Junqueras constató que su socio prioritario
es la CUP, por lo que "lo más lógico" es aprobar las cuentas con ellos,
pero advirtió de que negociarán "con todos los grupos con conversaciones
políticamente y emocionalmente intensas" que espera "que sean
intelectualmente enriquecedoras". Negó asimismo que la voluntad
expresada el pasado fin de semana por la formación anticapitalista de
librarse de Junts pel Sí haya afectado a una posible negociación.
Con todo, los recursos a Política Exterior y al desarrollo de la Hacienda catalana son más cuantiosos que diversas partidas sociales
como, por ejemplo, la Educación -donde 20 millones se destinarán a
becas para favorecer la escolarización de alumnos en situación
desfavorecida, o poco más de 18 millones para becas comedor en la etapa
infantil, o tan sólo cerca de cinco para el personal docente de ciclos
formativos-.
Las cifras anuales, que finalmente no incluyen
ninguna modificación de la tributación fiscal en el proyecto de ley de
acompañamiento, aunque no se descarta que se puedan introducir en el
trámite parlamentario, sitúan los ingresos no financieros y sin partidas
finalistas en 21.757 millones -un 3,4% más respecto al presupuesto de
2015- y unos gastos no financieros en términos SEC (sin intereses de la
deuda) en 22.884 millones -un 5,6% más que en 2015-. Según Junqueras, son "altamente realizables" porque son realistas y rigurosos.
El capítulo de ingresos "no depende en ningún caso de la negociación
política con el Estado, como en años anteriores", ni penden de posibles
privatizaciones o venta de patrimonio, porque además de reflejar la
recuperación económica, incorporan los 1.407 millones de euros que
Cataluña debe recibir por la liquidación del sistema de financiación
autonómica de 2014 y una reducción de los intereses de la deuda por unos
850 millones. También ha contabilizado los recursos de unos 450
millones que, según Junqueras, están comprometidos para Cataluña cuando
se pueda convocar la junta de seguridad -inoperativa desde 2010- para la
financiación del despliegue de los Mossos d'Esquadra.
Economía ha diseñado las cuentas cumpliendo con el límite de déficit del 0,7%
que ha establecido el Gobierno central (unos 1.500 millones), tras
reducir en 1,25 puntos básicos la tasa del 1,9% que reconoce el Gobierno
catalán para el último ejercicio. Junqueras insistió, a pesar de ello,
en que el objetivo de déficit sigue siendo arbitrario, injusto y
contraproducente, lo que "estrangula" las potencialidades de la
Generalitat.
A pesar de sus quejas, el titular económico
reconoció que espera que el Gobierno que surja de las nuevas elecciones
generales resitúe en el 0% el tipo de interés aplicable a los recursos
procedentes del FLA (Fondo de Liquidación Autonómica). Ello permitiría
un ahorro de unos 100 millones de euros más que el Ejecutivo catalán
revertiría en medidas de carácter social.
